El 30 de junio de 2025, el Congreso de México aprobó cambios a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y al artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Estas reformas se publicaron en el Diario Oficial el 16 de julio y entraron en vigor el 17 de julio de 2025 . El objetivo fue fortalecer las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, alineándose con estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) .
Principales cambios en la LFPIORPI
La reforma amplía las actividades bajo vigilancia, incluyendo desarrollo inmobiliario, fideicomisos, criptoactivos y servicios digitales. También exige que las entidades identifiquen al beneficiario final con más precisión, y se alarga de cinco a diez años el período mínimo de conservación de documentos . Además, se implementa un enfoque según el riesgo de cada actividad y se exige capacitación, auditorías internas y sistemas automatizados para monitoreo.
Reforma a la Ley Antilavado en México – 2025Publicación oficial:
Diario Oficial de la Federación (DOF), 16 de julio de 2025
Entrada en vigor: 17 de julio de 2025
Aplica al sector inmobiliario, incluyendo: – Desarrollo – Fraccionamiento – Construcción – Arrendamiento – Venta de inmuebles
Estas actividades están clasificadas como vulnerables a operaciones de lavado de dinero.
Cualquier transacción por encima de ese umbral debe ser reportada a la autoridad correspondiente (UIF).
La finalidad es conocer el origen de los recursos y prevenir el uso del sector para actividades ilícitas.
Esto incluye contratos, identificaciones, comprobantes de pago, etc.
Sin necesidad de que se rebase el umbral, basta con que la operación despierte sospechas.
El sistema debe identificar patrones, alertas y comportamientos atípicos.
Esto garantiza el cumplimiento continuo de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
Conclusión
En resumen, esta reforma representa un cambio profundo en la regulación mexicana contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Impone nuevas obligaciones de transparencia, vigilancia y control, y amplía sanciones incluso por omisiones. Aunque mejora la alineación con estándares internacionales y fortalece la prevención, también implica mayores retos para empresas y profesionales en términos de cumplimiento, documentación y responsabilidad legal.
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